El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad considera que se debe realizar una audiencia de control en la Causa Riachuelo
En la denominada "Causa Mendoza” la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo
El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad considera que se debe realizar una audiencia de control en la Causa Riachuelo. Desde el MPDCABA señalaron que en la denominada "Causa Mendoza” la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo.
buenosairesinforma.com reproduce texto difundido por el MPDCABA:
"Hace 16 años, en la que se conoce como “Causa Mendoza”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ordenó a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires y a la Provincia de Buenos Aires el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. La importancia de este fallo en materia de derecho a la ciudad y al ambiente sano es indiscutible, puesto que sentó un precedente fundamental.
El expediente, que llegó a la CSJN en 2004, fue iniciado por un grupo de vecinos de Villa Inflamable —un asentamiento de Dock Sud, en el Partido de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires— contra el Estado Nacional, la Provincia, la CABA y 44 empresas. Más adelante, se incorporaron a la causa los 14 municipios bonaerenses que lindan con la cuenca. El reclamo consistía en que se tomaran medidas urgentes a fin de atender los daños de salud provocados por la contaminación de la cuenca en las familias que viven allí, así como también el daño ocasionado sistemáticamente al medioambiente.
En 2006 y luego en 2008, la CSJN, en un fallo histórico, reconoció tanto el reclamo de las familias afectadas como la necesidad de reparar y prevenir el daño medioambiental. La importancia de esta decisión está dada no solo por el impacto político de poner en la agenda estatal esta cuestión, sino por el modo en el que el Tribunal decidió enfrentarla.
La Corte Suprema la definió como una causa colectiva que atiende la vulneración del derecho ambiental y dictaminó la interjurisdiccionalidad en la implementación de un plan de saneamiento integral de la cuenca —agua, suelo y aire— y la obligación de implementar políticas públicas específicas para atender la problemática y prevenir una nueva contaminación en las márgenes del Riachuelo.
Desde el comienzo, este MPD estuvo a cargo del patrocinio legal —que se complementa con el trabajo de un equipo interdiscplinario en el territorio— de las miles de familias afectadas por la sentencia en la CABA. En particular, de aquellas que debían ser relocalizadas a fin de liberar el camino de sirga sobre la vera del Riachuelo, como las que viven en la Villa 21-24, en la Villa 26 y en los asentamientos Luján, El Pueblito, Magaldi y Lamadrid. La Defensa Pública ha reclamado ante la Corte y ante los juzgados de ejecución, que tanto las relocalizaciones como la urbanización se lleven adelante respetando los derechos humanos y exigiendo la participación de los protagonistas en la causa.
Lamentablemente, en estos 16 años de proceso, la voz de los y las afectados/as, como parte del expediente, estuvo ausente. Todo el proceso se planificó sin su participación y hasta la fecha no se les reconoce ese derecho. Por eso, el reclamo de ocupar un lugar protagónico dentro de una causa judicial que decide aspectos sustanciales de su vida fue y es uno de los principales ejes de trabajo de esta Defensa Pública.
Actualmente, la ejecución del fallo se encuentra en un momento crítico. La decisión oficial del Gobierno Nacional de paralizar la obra pública y desfinanciar entes como ACUMAR y AySA ponen en riesgo el cumplimento de lo ordenado por la Corte Suprema. A modo de ejemplo, el funcionamiento del Sistema Riachuelo (obra de AySA financiada por el Banco Mundial, que significa no solo aliviar el sistema de cloacas de la CABA sino también mitigar la contaminación del Riachuelo por efluentes cloacales) se encuentra demorada por la falta de inversión en la terminación de una planta de tratamiento.
En particular, la situación es muy grave en la CABA. Como resultado de tres años de inacción del GCBA, no se implementaron proyectos de vivienda nueva ni de consolidación de los sectores donde se construyeron caminos.
El Gobierno Nacional y la Ciudad continúan incumpliendo con su obligación de garantizar los derechos fundamentales de los y las habitantes de la cuenca y con su deber constitucional de proteger al medioambiente.
Una causa que fue un hito en materia ambiental y que generó enormes expectativas en poblaciones de altísima vulnerabilidad no encuentra tampoco dirección por parte de la Corte. Luego de cuatro años sin audiencias de seguimiento, recién en mayo, la CSJN pidió informes a los jueces delegados, ACUMAR y el cuerpo colegiado. Nuevamente, la voz de las personas afectadas está ausente.
Por estos motivos, desde el MPD CABA consideramos indispensable la realización de una audiencia de control adecuada en donde se puedan analizar los avances en el cumplimento de la causa y que contemple la participación directa y efectiva de las y los habitantes protagonistas. Creemos que es urgente que la CSJN impulse con medidas innovadoras y superadoras el cumplimiento de aquellas mandas que aún se encuentran dilatadas e incumplidas por la falta de compromiso presupuestario de todos los condenados y obligados en la sentencia.
La situación de las familias en la CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, según datos del censo de 2011, estaban afectadas en la causa 2.386 familias. De éstas —a la fecha— se mudaron a una nueva vivienda cerca de 1.700 familias. A 16 años de iniciado el proceso está pendiente, en primer lugar, relocalizar a una vivienda nueva a alrededor de 1.000 familias. En segundo lugar, la reurbanización de un sector de la Villa 21- 24 y de los asentamientos El Pueblito, Magaldi, Luján y el Barrio Lamadrid —donde no hubo ningún avance en todo este tiempo, salvo demoliciones parciales y mudanzas aisladas—.
Las demoras y la falta de ordenamiento en los territorios donde se dictaminó la mudanza de familias, han resultado en barrios donde hay sectores con mejoramientos parciales, algunos incluso ya descuidados por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento; y otros donde las condiciones de vida incluso se deterioraron.
A esto se suma que, las familias que ya fueron relocalizadas enfrentan, por su parte, diversos problemas. Entre ellos, los siguientes: a) en algunos casos no mejoró su calidad vida en relación con las condiciones ambientales, como ocurre con las familias mudadas al Complejo Mujica en la Comuna 8; b) la sustentabilidad de los complejos habitacionales a donde fueron mudadas las familias sigue siendo un problema sin abordar —sostenimiento de tarifas, expensas, mantenimiento de edificios—; c) tampoco hay políticas públicas enfocadas en la continuidad de las actividades productivas que los vecinos y vecinas tenían antes de su mudanza, entre otras cuestiones que no figuran en la agenda estatal y que afectan los derechos de quienes son protagonistas de la causa.
Publicaciones del MPD
Teniendo en cuenta el impacto fundamental que la causa está llamada a tener en la vida de las familias involucradas y su importancia como caso testigo para la protección del derecho a la ciudad y el medioambiente, la Revista Institucional de la Defensa Pública de la CABA le dedicó dos números. Las mismas reflejan la preocupación de quienes trabajan en el MPD por revisar y analizar el quehacer diario de la Defensa Pública, el interés por fomentar la participación de las personas involucradas en las causas judiciales que representa y la necesidad de realizar un trabajo territorial y multidisciplinario para promover el derecho a la ciudad y al ambiente sano.
La causa “Mendoza”, publicada en marzo de 2021, retoma la línea de trabajo de la Revista N °6, titulada La causa Mendoza. la relocalización de las familias y el derecho a una vida digna. las personas no son cosas. La revista cuenta, desde una perspectiva interdisciplinaria la evolución de la causa y la historia de los —hasta entonces— 12 años de la “Causa Mendoza” a través de las voces de académicos, especialistas, profesionales, actores de la sociedad civil, militantes de organizaciones sociales y vecinos y vecinas protagonistas de la causa, para dar cuenta de la complejidad y la vitalidad de la defensa del derecho a la ciudad".